Respaldan que la Fiscalía General de Yucatán tenga autonomía

El presidente de la zona sur sureste de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C (Asofom), Juan Manuel Ponce Díaz, respaldó las reformas relativas a la fiscalía autónoma y la agencia antilavado de dinero.

22 Enero 2019 LOCAL.- Auditorio de la Canacintra. Rueda de prensa por los últimos detalles de la Expo Foro de Energía Yucatán 2019. Lic. Edgardo Martínez Duran, Lic. Juan Manuel Ponce Díaz, Lic. Ana Ludlow Echeverría Foto Jose Avila.

A un día que el Congreso analice la aprobación de las reformas que propuso el gobernador Mauricio Vila Dosal, el presidente de la zona sur sureste de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C (Asofom), Juan Manuel Ponce Díaz, respaldó las relativas a la fiscalía autónoma y la agencia antilavado de dinero.

También dijo que las iniciativas de ley para que la Fiscalía General tenga el rango constitucional de autónoma y la Agencia de Inteligencia Patrimonial cumplen su objetivo de fortalecer el estado de derecho y la seguridad jurídica de Yucatán.

“La tasa de interés que pagan usuarios de servicios financieros tiene incluido un costo de imposibilidad o tardanza en la cobranza legal”, explicó. “En México, aunque en menor medida en Yucatán, todos estamos pagando una sobretasa de riesgo por lo complicado y tardado que es recuperar un crédito o garantía por fraude, incumplimiento doloso o hipotecario y algunas de estas leyes ayudarán a mejorar el estado de derecho y con ello beneficiarán a la ciudadanía”.

Luego explicó que como empresario con actividades de intermediación financiera no bancaria como Credi Vive S.A., y otras financieras que preside en la región —parte de la asociación más grande en Latinoamérica de intermediarios financieros no bancarios—, el estado de derecho en Yucatán es bueno en comparación con otras entidades del país y de la región, siendo Yucatán uno de los mejores a escala nacional, pero siempre hay muchas mejoras por hacer.

Fortalecer el sistema judicial en Yucatán, necesario

Una de ellas que es prioritaria, apuntó, es seguir fortaleciendo el Poder Judicial y la Fiscalía General con recursos económicos, leyes adecuadas y mejor personal para agilizar los procesos legales, una vieja demanda de la ciudadanía y empresas locales.

“Yucatán está en una situación privilegiada y debemos aprovechar este momento para seguir desarrollando una mejor economía y desarrollo social incluyente con fortalecimiento en la seguridad”, consideró.

“Con estas iniciativas de ley que propone el gobernador, la Asofom considera que se fortalece el estado de derecho y ayuda a darle continuidad a la seguridad, acceso y procuración de justicia. Veamos el ejemplo de Guanajuato que hace unos años se usaba como buen ejemplo, pero el desarrollo no fue sostenible mostrando ahora serios problemas de inseguridad, con sueldos promedio bajos y creciente emigración2.

“Evitemos que eso nos suceda en Yucatán fortaleciendo la continuidad de desarrollo con leyes que permitan a algunas instituciones autonomía y presupuesto y así minimizar una posible manipulación futura del Ejecutivo estatal”, subrayó.

Ley antilavado en Yucatán

Respecto a la ley antilavado afirmó que falta un organismo que regule en el ámbito estatal la procedencia de los recursos que se invierte o ingresan, por ello la creación de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Economía del Estado para combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita es correcto y debe ayudar a mantener que Yucatán siga siendo seguro.

Esta agencia antilavado de dinero autónoma detectará operaciones ilícitas, con lo que el gobierno estatal busca que haya transparencia y con ella mantener la buena seguridad de Yucatán en el futuro.

Estas dos leyes que mencionó Ponce Díaz forman parte del paquete de iniciativas que mandó el gobernador Vila Dosal al Congreso y que hoy miércoles deberán someterse a discusión y aprobación del pleno del Poder Legislativo.

Una iniciativa, que divide opiniones, es aumentar de 60 a 90 días la posibilidad del gobernador de separarse del cargo sin autorización del Congreso y sin causas graves.

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